El documento analiza la problemática de la criminalidad en el Perú, marcada por el crecimiento de las economías ilegales y altos niveles de victimización, en un contexto regional crítico. Se plantea que una política de seguridad ciudadana eficaz debe ir más allá de la función policial y considerar la protección de derechos, la prevención y una visión integral de política criminal. La propuesta se estructura en tres ejes: «Seguridad Ciudadana y Sistema de Justicia Penal», que incluye la revisión normativa, el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional y la modernización del sistema judicial; «Gobernanza e Inteligencia Penitenciaria», orientada a mejorar la infraestructura, reinserción social y programas preventivos para jóvenes en riesgo; y «Lucha Estratégica contra el Crimen Organizado», que propone unidades especializadas, inteligencia estratégica y articulación internacional. Estas acciones buscan reducir la impunidad, contener la violencia y salvaguardar la gobernabilidad democrática.